La Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) denunció este jueves 22 de octubre un ataque con armas de fuego contra la residencia de Ricardo Pérez, dirigente político del partido socialcristiano Copei, en el municipio Ospino del estado Portuguesa.
A través de un registro audiovisual difundido por la organización defensoras de derechos humanos, Pérez mostró los impactos de proyectiles en las paredes exteriores de su vivienda e indicios de casquillos percutidos hallados en el lugar.
La ONG advirtió que el suceso puso en riesgo directo la integridad del núcleo familiar del activista y recordó que se trata del segundo atentado registrado contra su domicilio en los últimos dos años.
Tras el suceso, Fundehullan solicitó al Ministerio Público y al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) dar inicio a las averiguaciones para determinar las responsabilidades materiales e intelectuales, exigiendo además el otorgamiento urgente de medidas cautelares y de protección.
El hecho ocurrió de forma simultánea a la jornada de movilización opositora convocada a nivel nacional para solicitar la definición de un cronograma electoral hacia los comicios de 2027 y exigir garantías para el retorno de la líder política María Corina Machado.
“Este grave hecho, que puso en riesgo inminente la vida de su núcleo familiar, constituye un patrón reiterado de persecución política. Esto confirma lo denunciado por la Misión Internacional de Determinación de Hechos: el aparato represivo se mantiene intacto”, manifestó Fundehullan a través de sus canales oficiales.
DENUNCIA URGENTE .🚨
@FundehullanVzla condena categóricamente el atentado con armas de fuego perpetrado este 22 de octubre contra la vivienda del dirigente político y social Ricardo Pérez en el municipio Ospino, estado Portuguesa. Este grave hecho, que puso en riesgo inminente la vida de su núcleo familiar, constituye un patrón reiterado de persecución política, tras haber sufrido un ataque similar en julio de 2024.
Derecho a la Vida e Integridad Personal (Art. 43 y 46 CRBV; Art. 6 PIDCP): El Estado debe salvaguardar de forma inviolable la vida y la seguridad física y psicológica de todo
ciudadano.EXIGENCIAS
Al Ministerio Público y al CICPC: Abrir e impulsar una investigación urgente, transparente e imparcial que determine las responsabilidades materiales e intelectuales.A los Órganos de Seguridad: Otorgar medidas de protección efectivas e inmediatas para Ricardo Pérez y su familia.
A las Autoridades de Portuguesa: cesar la persecución y la hostilidad por razones políticas, garantizando el respeto al pluralismo democrático. Esto confirma lo denunciado por la Misión Internacional Determinación de Hechos el aparato represivo se mantiene intacto.
— Fundehullan Vzla (@FundehullanVzla) October 22, 2026
Diversas organizaciones civiles han reportado en las últimas semanas la aprehensión y posterior excarcelación bajo medidas cautelares de líderes sindicales y abogados defensores en varias entidades del país.
El hostigamiento contra dirigentes políticos y sindicalistas en el interior del país mantiene la alerta de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
De acuerdo con el monitoreo de la ONG Foro Penal, en Venezuela se contabilizan 322 personas privadas de libertad por motivos políticos, mientras que las instancias del Ejecutivo rechazan la categoría de presos de conciencia y argumentan que las detenciones responden a procedimientos por delitos comunes.
El Nacional / NotiPrimicia
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