El 10 de febrero, el equipo de la senadora denunció la desaparición de ella y de su esquema de seguridad en el tramo Inzá-Totoró, en el Cauca. Los hechos ocurrieron hacia el mediodía.
Desde el departamento de Córdoba, el presidente Gustavo Petro confirmó el secuestro y ordenó activar todos los protocolos de seguridad.
El mandatario instruyó al Ministerio de Defensa y al Ministerio de la Igualdad para que desplegaran las acciones necesarias en la búsqueda. La mayora Quilcué llegó al Congreso con el respaldo de organizaciones indígenas como el CRIC.
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Acción colectiva asegura la libertad
Horas después, las organizaciones indígenas informaron que la senadora y su equipo de seguridad recuperaron la libertad gracias a la intervención de la Guardia Indigéna y la comunidad, tras una retención ilegal por parte de grupos disidentes.
Diversas organizaciones e instituciones destacaron la labor de la Guardia Indígena, que logró el rescate en circunstancias aún no reveladas. Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, celebró el hecho.
“Recibo con alivio la información de que la Guardia Indígena del CRIC encontró con vida a la senadora y defensora de derechos humanos del Pueblo Indígena Nasa, Aída Quilcué, y a su esquema de protección”, declaró Campbell.
Además, exhortó a todos los grupos armados no estatales a respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH), a no vulnerar los derechos de la población y a reconocer la autonomía de los pueblos indígenas.
Contexto de violencia en el territorio
La senadora Aída Quilcué es una de las miles de víctimas del conflicto armado y una luchadora por la paz y la defensa del territorio en el Cauca y en todo el país.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que en esa región opera la estructura disidente Dagoberto Ramos. Este grupo se enfrenta al ELN desde hace años por el control territorial. En la zona también operan varios batallones y brigadas de las Fuerzas Militares de la Tercera División del Ejército.
A esto se suman las denuncias sobre vínculos entre altos oficiales del Ejército y estas disidencias, que libran un conflicto intenso con el ELN. Este último grupo también se enfrenta en otras regiones con el Clan del Golfo y otras estructuras ligadas al paramilitarismo.
Cifras críticas de violencia contra el liderazgo social
Desde la firma de los acuerdos de paz en 2016, en Colombia han asesinado a más de 1.900 líderes y lideresas sociales, así como a personas defensoras de los derechos humanos.
A esta cifra se suma el homicidio de cerca de 500 exintegrantes de las FARC que dejaron las armas tras firmar los acuerdos de paz.
Informes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) indican que 2025 cerró con una situación crítica: 187 líderes y defensoras de derechos humanos fueron asesinados, un aumento del 8% respecto a 2024. Cauca, Antioquia y Norte de Santander son los territorios más afectados.
De las 1.903 personas defensoras y liderazgos asesinadas desde 2016, 365 pertenecían a pueblos indígenas, según Indepaz.
Respuesta institucional tras el rescate
En el Cauca y el Valle del Cauca opera la Tercera División del Ejército, al mando del brigadier general Raúl Fernando Vargas Idárraga. Esta unidad desplegó tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 7 y del Gaula del Cauca, con apoyo de caballería, para acompañar el reencuentro de la senadora con su familia y brindar seguridad posterior al rescate comunitario.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció que la Guardia Indígena encontró a la senadora en un restaurante y confirmó su buen estado de salud, algo que la propia Quilcué corroboró en sus primeras declaraciones.
Aída Quilcué es una política, lideresa indígena y social del pueblo nasa, quien llegó al Congreso con el apoyo de diversas organizaciones indígenas.
Las guardias comunitarias: defensa civil y no armada
Además de la Guardia Indígena, en Colombia existen guardias campesinas, interétnicas, cimarronas (afro), feministas y urbanas. Estas organizaciones, reconocibles a menudo por sus bastones de mando, son mecanismos de defensa territorial y protección de la vida creados por las comunidades.
A lo largo de los años, muchas personas que integran estas guardias han sufrido violencia y estigmatización por parte de actores armados legales e ilegales, así como de sectores políticos y mediáticos de extrema derecha. Pese a esto, su labor en la defensa de los territorios y los movimientos sociales es ampliamente reconocida.
Se calcula que existen cerca de 40.000 guardias indígenas, además de unas 20.000 personas activas en 115 comunidades. Las guardias campesinas, urbanas y cimarronas también han crecido de forma significativa. Aunque no hay cifras oficiales, es evidente que miles de mujeres y hombres participan en ellas.
Son estas organizaciones comunitarias las que, en numerosas ocasiones, garantizan la protección de las comunidades y sus procesos organizativos.
Colombia Informa / NotiPrimicia
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