Un juez federal de Miami condenó a Nicolás Maduro, Álex Saab y otros cinco funcionarios venezolanos a pagar 314 millones de dólares en daños y perjuicios a tres ciudadanos estadounidenses que denunciaron haber sido encarcelados y sometidos a torturas durante su detención en Venezuela.
La sentencia fue emitida por el juez Darrin P. Gayles, quien determinó responsabilidad de los demandados por su presunta participación en una estructura que calificó como una “empresa criminal” encabezada por Maduro.
El fallo también menciona al denominado “Cartel de los Soles”, señalado por autoridades estadounidenses como una red vinculada al narcotráfico en la que participarían altos funcionarios militares venezolanos.
Los demandantes son Jerrel Kenemore, especialista en informática de Texas; Jason Saad, empresario de Alabama radicado en Venezuela; y Edgar Marval, empresario de Florida con actividades comerciales en territorio venezolano.
Según la demanda presentada ante la justicia estadounidense, los tres hombres fueron víctimas de descargas eléctricas, golpizas y métodos de tortura física durante su detención.
Kenemore permaneció privado de libertad durante 643 días luego de ser capturado en 2022 cerca de la frontera venezolana por hombres armados.
Los tres ciudadanos fueron liberados en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros negociado por la administración del entonces presidente Joe Biden, acuerdo que incluyó la excarcelación de Álex Saab, quien enfrentaba un proceso judicial en Estados Unidos por presunto lavado de dinero.
Delcy Rodríguez quedó fuera del fallo
La presidenta encargada Delcy Rodríguez también figuraba entre los demandados, pero fue excluida de la sentencia luego de que sus abogados argumentaran que cuenta con inmunidad frente a demandas civiles en Estados Unidos por su condición de jefa de Estado reconocida.
Los demandantes mantienen impugnado ese argumento ante la corte.
De acuerdo con la agencia Associated Press, esta sería la mayor indemnización concedida hasta ahora bajo la Ley Antiterrorismo de Estados Unidos, una normativa que permite a ciudadanos estadounidenses afectados por organizaciones consideradas terroristas reclamar compensaciones y solicitar medidas contra activos de los responsables.
Con información de AP
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