Jueza federal prohíbe al Gobierno de Trump presionar a funcionarios electorales

por Dennys Bracho

Una jueza federal de California ordenó al Gobierno de Donald Trump detener las amenazas de procesamiento penal contra funcionarios electorales estatales y locales que se nieguen a cumplir exigencias relacionadas con votantes señalados por la administración como presuntos no ciudadanos.

La magistrada Trina Thompson emitió el viernes una orden de restricción temporal, tras una demanda presentada por sindicatos de trabajadores electorales y organizaciones civiles. Consideró que las actuaciones federales podrían interferir con la administración de los comicios y exceder las competencias del Gobierno.

La decisión impide al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional exigir que las autoridades locales eliminen votantes de los registros, rechacen sus papeletas o separen votos basándose únicamente en listas federales de personas cuya elegibilidad está en duda.

La orden estará vigente hasta noviembre

Thompson también prohibió a las agencias federales amenazar, intimidar o coaccionar a funcionarios electorales para que detengan el procesamiento de papeletas por esas razones. Además, ordenó al Departamento de Justicia informar sobre solicitudes de órdenes de registro, citaciones u otras demandas relacionadas con materiales electorales.

La jueza señaló que los funcionarios estatales y locales deben poder cumplir sus responsabilidades conforme a la ley, especialmente ante la cercanía de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

La orden estará vigente hasta el 16 de noviembre. El Departamento de Justicia no había ofrecido comentarios sobre el fallo.

Disputa por la supervisión electoral

La administración Trump sostiene que sus medidas buscan impedir el voto de personas que no tienen ciudadanía estadounidense y reforzar la seguridad electoral. Sin embargo, funcionarios electorales y organizaciones civiles han cuestionado las exigencias federales por considerar que podrían interferir en la gestión de los comicios.

La decisión se produce en medio de varias disputas judiciales sobre el acceso del Gobierno federal a registros de votantes y el manejo de papeletas en distintos estados, a pocos días de unas elecciones que definirán el control del Congreso.

Agencias

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