Juristas y expertos cuestionan legalidad del acuerdo petrolero con EEUU

Analistas señalan que el pacto sobre 65.000 millones de barriles carece de legitimidad institucional y compromete recursos sin licitaciones ni garantías.

por Nilson Ramirez

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ha anunciado el «acuerdo más grande de la historia del petróleo» con un plan concedido por el interinato de Delcy Rodríguez en Venezuela y que le otorga derechos sobre 17 yacimientos petroleros en la Faja del Orinoco y el Lago de Maracaibo por orden de 65 mil millones de barriles de petróleo. Los detalles del pacto, ni la duración se conocen hasta ahora.

Pero ya hay reacciones en contra desde el flanco legal de este pacto que dejaría en manos de Estados Unidos al menos un 20 % de las reservas petroleras de Venezuela, las más grandes del mundo estimadas en unos 303 mil millones de barriles según las Agencias de Información Energética de EE.UU (EIA).

Blanca Rosa Marmol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y crítica con el Miraflores de los Rodríguez, es una de las voces más calificadas dentro del país en materia constitucional. Hoy ha lanzado un tuit en la red X (@BMarmoldeLeon) para asegurar que el «Acuerdo Trump» carece de toda legitimidad.

Francisco Rodríguez, economista e investigador del Centro de Investigación de Política y Economía de Wsshington (CEPR por sus siglas en inglés) y afiliado a la University of Denver (Josef Korbel School), coincide con el también economista venezolano Francisco J. Monaldi, director de Latin America Energy Program & Wallace S. Wilson Fello en que las cifras conocidas hasta ahora son de espanto.

Calcula que se generarían ingresos fiscales de apenas $3,22 por barril (aprox. 4,7% del precio actual del petróleo). Lo compara desfavorablemente con las tasas de regalías de las concesiones de la era de Juan Vicente Gómez (principios del siglo XX), señalando que es inferior a la mitad de aquellas, un claro retroceso en materia de renta para el país.

Pero es que el trato orquestado desde Washington es otro de los mecanismos con los que el tutelaje de Trump sobre los procesos en Venezuela vuelve a posicionarse como un factor supraconstitucional en el país. Ahora mismo las leyes venezolanas parecen estar sujetas a decisiones directas de la Sala Oval.

¿Qué podría sostener el acuerdo?

Los expertos coinciden en que el acuerdo, en tanto ‘írrito y nulo de fondo y forma’ no podría sostenerse desde el marco constitucional y legal, pero, si a través de la imposición que es como Estados Unidos ha venido operando no solo en Venezuela sino en el mundo. Hegemonía, poder e imposición por encima de leyes y de la propia soberanía de los Estados podieran ser el anclaje para la permanencia de este acuerdo, afirman.

Sostienen además que, en cualquier escenario de un cambio de gobierno, uno de los elementos no negociables a ser cambiado o transformado sería este acuerdo, incluso, el mismo podría ser utilizado como argumento para facilitar la transición como modo de blindarlo ante cualquier pretensión de un nuevo gobierno de trastocarlo.

El ingeniero, analista y editor venezolano David Morán Bohórquez (@morandavid) lo califica como una mera adjudicación a puerta cerrada, opaca y transgrediendo más leyes. Poco importan los «detalles» cuando lo que se pretende firmar es, en forma y fondo, írrito y opaco. Comprometer recursos públicos sin licitaciones, sin transparencia y violando los preceptos de la LOH no es un acuerdo: es una adjudicación a puerta cerrada.

Y agrega también: «La física del yacimiento y la realidad institucional no se resuelven con un post en Telegram. Sin seguridad jurídica, sin contrapeso institucional y con una infraestructura destruida, ningún flujo de capital privado serio se sostiene en la nulidad».

Para Morán no existe renacimiento posible de la nación si los recursos de la misma se rematan fuera de todo marco legal y legítimo. «Lo que es írrito en su origen sigue siendo nulo en su destino. Así de simple».

NotiPrimicia/Versión Final

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