La jueza María Lourdes Afiuni Mora enfrenta elevados gastos médicos debido a sus problemas de salud, mientras su familia sigue esperando una indemnización por las violaciones de derechos humanos que denunció durante su detención arbitraria.
Su hermano, Nelson Afiuni, expuso en redes sociales las dificultades económicas que atraviesa la familia para cubrir los gastos adicionales de su atención, pese al respaldo de su seguro médico.
«Momentos duros estamos viviendo la familia Afiuni. Aunque Mercantil Seguros se ha portado excelente con la jueza, siempre hay muchos gastos adicionales que ponen en aprietos a la familia», escribió.
También cuestionó que no haya existido una reparación por los daños sufridos por su hermana. «No hay indemnización posible por el sufrimiento de mi hermana, no lo hay», expresó.
Momentos duros estamos viviendo la familia Afiuni, aunque @MercantilSeg se ha portado excelente con la jueza @mariafiuni siempre hay muchos gastos adicionales que ponen en aprietos a la familia, no hay indemnización posible por el sufrimiento de mi hermana , no lo hay
— Nelson Afiuni (@nelsonafiuni) October 30, 2026
Los problemas de salud de la jueza
A principios de agosto, la representante legal de la familia, Thelma Fernández, informó que Afiuni había sido trasladada a un centro asistencial tras presentar mareos, vómitos e hipertensión. Permaneció bajo observación médica hasta que lograron estabilizarla.
Los estudios practicados detectaron tres lesiones tumorales en distintas partes de su cuerpo, que requerían atención médica inmediata.
En ese momento, la jueza todavía estaba sometida a medidas cautelares que le impedían salir de su domicilio o del país. Un día después de los reclamos para que se levantaran esas restricciones, recibió la libertad plena y el cierre definitivo de su caso.
María Lourdes Afiuni fue detenida en diciembre de 2009, por orden del entonces presidente Hugo Chávez, quien anunció su encarcelamiento durante una transmisión conjunta de radio y televisión.
Durante su reclusión, la jueza denunció humillaciones, torturas y otras violaciones de sus derechos humanos. Su proceso fue cuestionado por activistas y organismos internacionales debido a las irregularidades denunciadas y a las condiciones de su detención.
Aunque su caso fue cerrado y las medidas cautelares levantadas, su familia mantiene el reclamo de una reparación por los daños sufridos.
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