La situación en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), conocido como la cárcel de Ramo Verde, alcanzó un punto crítico este viernes 13 de noviembre al cumplirse el quinto día de huelga de hambre protagonizada por 36 militares privados de libertad, entre ellos dos mujeres.
De acuerdo con reportes de familiares y del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), ocho de los efectivos en protesta sufrieron descompensaciones físicas debido a la prolongada abstinencia de alimentos y a las restricciones impuestas dentro del recinto, por lo que debieron recibir hidratación de emergencia por parte del servicio médico del penal.
Entre los casos más delicados figura el sargento Luis Lobo, quien presentó un fuerte dolor en el pecho. También se descompensaron el teniente Hugo Aparicio, los sargentos Padrón Albuja, Juan Bolívar, Giomer Natera (o Matera), Rafael Mancilla y Romero Catalino, además de Tony Guevara.
La tensión escaló durante la jornada cuando los parientes que acudieron al recinto encontraron los accesos militarizados y fueron notificados de la suspensión de las visitas para los 235 reclusos del penal. En rechazo a la medida, los internos protagonizaron un cacerolazo nocturno, mientras el OVP alertó sobre el temor de los allegados ante un posible traslado forzoso de los manifestantes hacia el Fuerte Guaicaipuro.
Los familiares responsabilizan al director general del Servicio Penitenciario de la FANB, general Luis Marcelo Ojeda, de ordenar desde el lunes 9 de noviembre el cierre del portón hacia la cancha deportiva, manteniendo a los 36 huelguistas a la intemperie, sin acceso a celdas, sanitarios ni agua potable regular, obligándolos a recoger agua de lluvia.
La protesta agrupa principalmente a 21 sargentos vinculados al alzamiento de Cotiza (enero de 2019), cuya condena original venció el 24 de octubre sin ejecutarse su excarcelación tras la anulación del fallo para repetir el juicio por traición a la patria, junto a procesados de otras causas como el caso del Buque Escuela Simón Bolívar. Aunque la defensa solicitó evaluar los expedientes bajo la Ley de Amnistía y pidió la intervención de la Defensoría del Pueblo, el Senamecf y la Fiscalía 124, ninguna comisión oficial había acudido al penal hasta el cierre de este reporte.
El Regional del Zulia / NotiPrimicia
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