Una investigación de ProPublica advierte que el acuerdo petrolero impulsado por Donald Trump protege los intereses de empresarios privados y no establece garantías vinculantes para entregar a Venezuela los 200.000 millones de dólares anunciados por la Casa Blanca en impuestos y regalías.
El documento, de 18 páginas, fue firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Según el medio estadounidense, concede al Gobierno de EEUU una participación del 35 % en la empresa matriz de North American Blue Energy Partners (NABEP), controlada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt.
El pacto también otorga a Washington condiciones preferenciales para comprar petróleo de la compañía y amplias facultades para acceder a su producción.
EEUU obtiene prioridad sobre el crudo durante 50 años
El acuerdo permite a Estados Unidos adquirir el 20 % de la producción de NABEP a 30 dólares por barril y le concede prioridad para comprar el resto durante 50 años. Además, Washington podría adquirir toda la producción si declara una emergencia nacional.
El precio establecido no incluye los materiales más ligeros que deben mezclarse con parte del crudo venezolano, de alta densidad, para facilitar su transporte.
ProPublica advierte que la estructura corporativa y las condiciones de gobierno de la empresa dificultarían modificar o revertir el pacto en el futuro. La junta directiva tendrá siete miembros, con mayoría estadounidense, y un observador designado por Washington sin derecho a voto.
Betancourt conservará el cargo de consejero delegado y solo podrá ser destituido con el respaldo de cinco integrantes de la junta. La empresa matriz está registrada en Barbados, jurisdicción en la que puede resultar difícil identificar a algunos propietarios e inversores.
El documento tampoco exige la incorporación de representantes del Gobierno venezolano a la junta. Asimismo, establece que las disputas entre la empresa y Estados Unidos se resolverán bajo la legislación estadounidense ante un tribunal federal de Texas.
En septiembre, Rubio defendió la selección de NABEP y la describió como la mayor petrolera privada venezolana con capacidad para elevar su producción. En una entrevista con el periodista Sergio Novelli, aseguró que Betancourt no tenía investigaciones abiertas en EEUU, aunque autoridades de Suiza y España lo investigaban por presunto blanqueo de capitales. Según la información citada, el empresario no había sido imputado formalmente.
Rubio también sostuvo que la compañía podría incrementar la producción y realizar pagos a un futuro Gobierno electo de Venezuela. Añadió que la firma auditora KPMG supervisa los ingresos derivados de las ventas de petróleo y defendió cambios regulatorios para profesionalizar la industria.
NABEP ha defendido que el acuerdo atraerá inversiones y generará beneficios económicos para ambos países. Sin embargo, la investigación de ProPublica señala que el texto no contiene una obligación vinculante que garantice el pago de los 200.000 millones de dólares en impuestos y regalías anunciados por la Casa Blanca.
Con información de SWI
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