El presidente Gustavo Petro confirmó que autorizó un bombardeo contra el Comando Central del ELN y aseguró que la operación se realizó bajo un acuerdo con el Gobierno encargado de Venezuela, en medio del endurecimiento de la postura oficial frente a esa guerrilla.
El mandatario explicó que la acción militar estuvo dirigida contra estructuras del ELN vinculadas, según su Gobierno, con economías ilícitas en la frontera.
Petro confirmó que el ataque dejó siete personas muertas y reiteró que no habrá acuerdos de paz con grupos armados que mantengan actividades ilegales asociadas al narcotráfico y otras rentas criminales.
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Bombardeo contra el ELN se hizo bajo acuerdo con Venezuela
Petro aseguró que la operación contra el ELN se enmarca en una coordinación con Venezuela. El punto es relevante porque el grupo armado ha tenido presencia histórica en zonas de frontera, especialmente en corredores usados para movilidad, refugio y economías ilegales.
El mandatario ya había señalado que su última conversación telefónica con su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, estuvo relacionada con “cómo golpear conjuntamente al ELN en la frontera”.
La mención al acuerdo con Venezuela busca darle contexto político y operativo al bombardeo. En una frontera porosa como la colombo-venezolana, las operaciones contra estructuras armadas suelen depender de inteligencia, coordinación territorial y lectura diplomática de ambos gobiernos.

El ELN, por su parte, ha mantenido una relación oscilante con el Gobierno Petro. Los diálogos de paz han tenido avances, suspensiones y choques públicos, especialmente después de episodios de violencia y secuestro que afectaron la confianza entre las partes.
Instituciones colombianas rechazaron un llamado “juicio revolucionario” hecho por el ELN contra funcionarios secuestrados, en un hecho que elevó la presión política para exigir liberaciones y gestos humanitarios.
Gobierno condiciona diálogos a fin de economías ilícitas
El mensaje presidencial también introduce una condición de fondo para cualquier eventual negociación: el abandono de las economías ilícitas. Petro ha insistido en que no puede sostenerse una mesa de paz mientras una organización mantiene actividades armadas financiadas por rentas criminales.

Esa postura marca distancia frente al inicio de la llamada política de paz total, cuando el Gobierno buscó abrir canales simultáneos con varias estructuras armadas. En el caso del ELN, la agenda quedó tensionada por ataques, secuestros y disputas territoriales.
El proceso con esa guerrilla se había deteriorado desde la crisis en el Catatumbo, donde el ELN fue señalado de acciones violentas que llevaron al Gobierno a suspender diálogos y desplegar capacidades militares en la zona.
La confirmación del bombardeo muestra que la Casa de Nariño combina ahora dos mensajes: disposición a retomar contactos si hay condiciones verificables y uso de la fuerza cuando identifica estructuras armadas vinculadas con narcotráfico o control territorial.
La coordinación con Venezuela añade otro elemento sensible. Colombia y Venezuela comparten una frontera extensa, con corredores donde operan guerrillas, disidencias, contrabando y narcotráfico. Cualquier acción conjunta exige equilibrio entre cooperación, soberanía y control territorial efectivo.
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