Cuatro personas han sido arrestadas en Corea del Sur por presuntamente piratear más de 120.000 cámaras de vídeo en hogares y empresas y utilizar las imágenes para producir material de explotación sexual para un sitio web extranjero.
La policía anunció los arrestos el domingo, diciendo que los acusados explotaron las vulnerabilidades de las cámaras del Protocolo de Internet (IP), como contraseñas simples.
Una alternativa más económica al CCTV, las cámaras IP (también conocidas como cámaras domésticas) se conectan a una red de Internet doméstica y a menudo se instalan por motivos de seguridad o para supervisar la seguridad de niños y mascotas.
Según informes, entre las ubicaciones de las cámaras pirateadas en el país se incluyen casas particulares, salas de karaoke, un estudio de pilates y una clínica de ginecología.
Un comunicado publicado por la Agencia Nacional de Policía de Corea del Sur reveló que los cuatro sospechosos operaban independientemente unos de otros y no conspiraban juntos.
Uno de los sospechosos está acusado de piratear 63.000 cámaras y producir 545 vídeos de explotación sexual, que luego vendió por 35 millones de wones (12.235 dólares; 9.250 libras) en activos virtuales.
Pirateo
Otro supuestamente pirateó 70.000 cámaras y vendió 648 vídeos por un valor de 18 millones de wones en activos.
Los dos sospechosos fueron responsables de aproximadamente el 62% de los videos publicados el año pasado en un sitio web que distribuía ilegalmente imágenes de piratería de cámaras IP.
La policía está tomando medidas para bloquear y cerrar ese sitio web y cooperar con agencias extranjeras para investigar a su operador. También arrestaron a tres personas sospechosas de haber comprado y visto material a través del sitio.
«El hackeo de cámaras IP y la filmación ilegal causan un sufrimiento inmenso a las víctimas y, por lo tanto, constituyen delitos graves. Los erradicaremos mediante investigaciones rigurosas», afirmó Park Woo-hyun, jefe de investigación cibernética de la Agencia Nacional de Policía.
Delitos
Ver y poseer vídeos filmados ilegalmente también son delitos graves, por lo que los investigaremos activamente.
Las autoridades visitaron personalmente o notificado a las víctimas en 58 lugares, informándoles del incidente y proporcionándoles orientación sobre cómo cambiar las contraseñas.
También están ayudando a las víctimas a eliminar y bloquear contenido y trabajando para identificar a otras personas que puedan haber sido afectadas.
«Sobre todo, es crucial y eficaz que los usuarios individuales que hayan instalado cámaras IP en sus hogares o locales comerciales permanezcan atentos y cambien de forma inmediata y periódica sus contraseñas de acceso», afirmó la Agencia Nacional de Policía en su comunicado.
BBC / NotiPrimicia
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