Un total de 8.616 personas fueron amnistiadas en Venezuela tras la aprobación en febrero de una ley destinada a otorgar beneficios procesales y excarcelaciones, informó este miércoles el diputado oficialista Jorge Arreaza, quien encabeza la comisión parlamentaria de seguimiento de la normativa.
A través de su cuenta en X, Arreaza precisó la distribución de los beneficiados:
“del total de beneficiados, 8.302 tenían libertad restringida con medidas cautelares -como prohibición de salida del país y presentación periódica ante tribunales-, y los restantes 314 estaban encarcelados.”
El parlamentario agregó que hasta la fecha las autoridades han recibido 12.187 solicitudes de amnistía válidas, correspondientes a los delitos y períodos contemplados en la legislación.
“Seguimos recibiendo solicitudes de venezolanos que viven dentro y fuera del país”, apuntó Arreaza.
Sin lista oficial de beneficiarios
Hasta el momento, las autoridades no han publicado un listado oficial con los nombres de las personas beneficiadas, pese a solicitudes de organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y diversas ONG venezolanas.
Alcance de la ley y controversias
La Ley de Amnistía cubre un período de 27 años (1999–2026), pero su aplicación se limita a 13 “hechos” específicos ocurridos en distintos años, lo que deja fuera otros casos del período y excluye delitos como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.
Organizaciones como Foro Penal han cuestionado el alcance real de la medida. Según su balance, menos del 25 % de las excarcelaciones registradas este año están vinculadas directamente a la ley de amnistía.
El porcentaje corresponde a 186 excarcelaciones de un total de 786 documentadas desde el pasado 8 de enero, de acuerdo con datos publicados por la ONG en redes sociales.
Reclamos por demoras
El pasado martes, un grupo de expresos políticos denunció ante la oficina en Caracas del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) retrasos y negativas en la aplicación de la amnistía, lo que añade tensión al proceso de ejecución de la norma.
NotiPrimicia/ Agencias
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