Dirigentes sindicales y del Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha acudieron este viernes a la sede del Ministerio Público para denunciar la existencia de políticas de bonificación diferenciadas entre los entes de la administración pública. Durante la jornada, contrastaron la entrega de dotaciones de proteínas en diversas instituciones frente a la situación de los sectores educación y salud.
Griselda Sánchez, presidenta de la Formación Venezolana de Dirigentes Sindicales (Fordisi), cuestionó la distribución de recursos para la alimentación: «Hoy vimos aquí cómo al Ministerio Público le entregaban, por ejemplo, bolsas de alimentos con huevo, con proteínas, que me parece muy bien, pero por qué no lo hacen también con los otros trabajadores».
Sostuvo que las bonificaciones actuales son insuficientes para cubrir las necesidades básicas de los empleados públicos. «El bono de guerra cuando tú lo cobras, ya lo debes. Mucha gente lo debe de las bodegas, del vecino que vende un cartón de huevos… O sea, no es suficiente».
Señalamientos sobre gestión de recursos y divisas
En cuanto al manejo de divisas en las instituciones, Sánchez se refirió a la información sobre pagos discrecionales, aunque precisó la falta de registros físicos sobre estas operaciones. «Nosotros tenemos esa información también. Lo que no tenemos es, bueno, la prueba para decir: ‘Mira, aquí está, esto es lo que le cancelan’, pero sí sabemos que a muchas entidades les cancelan y ni siquiera en bolívares, sino en divisas».
Añadió que la exigencia de los trabajadores se basa en la equidad administrativa: «Nosotros queremos esas divisas también».
Respecto al ingreso nacional, la sindicalista validó los reportes sobre un aumento en la recaudación, pero cuestionó su destino. «Nosotros sabemos que en Venezuela hay recursos… Y si ahora han entrado más. También sabemos que es verdad que han entrado y por eso la exigencia».
Situación del personal jubilado y sector educativo
La denuncia incluyó la vulnerabilidad de los docentes jubilados, quienes, según Sánchez, carecen de acceso a beneficios complementarios. «Nuestro personal jubilado también se alimenta y no está cobrando los cestatickets».
Asimismo, responsabilizó a la gestión del Ministerio de Educación por la crisis del sector: «Héctor Rodríguez no ha funcionado y ha sido un violador flagrante de todo lo que está establecido en la Constitución. Más de 500 mil trabajadores han sido suspendidos en su gestión».
La dirigente alertó que la falta de condiciones salariales impide la operatividad del sistema. «Las clases no se pueden normalizar todos los días porque, simplemente, tú dejaste sin salario a los trabajadores. No pueden normalizarse y no porque no queramos, es que es imposible».
Denuncia sobre hechos de agresión
Ana Yánez, miembro de la coordinación nacional de la Unión Nacional de Trabajadores (UNETE) y del Comité Nacional de Conflicto, detalló que la acción ante el Ministerio Público responde a la necesidad de establecer precedentes contra la violencia institucional.
«Vinimos a consignar un documento ante la Fiscalía para denunciar los hechos de agresión del día lunes 23 de los cuales fuimos objeto varios de los participantes en esta movilización que teníamos, la cual no se permitió llegar a su destino final que era el Ministerio del Trabajo», precisó.
Yánez advirtió sobre la peligrosidad de permitir que estas acciones queden impunes: «Exhortamos a la Fiscalía, como materia de orden público, que debe investigar estos hechos que lamentablemente no pasaron a mayores, pero que en lo sucesivo pudieran ser objeto de cosas terribles para los que asistimos a las distintas movilizaciones».
La dirigente sindical cuestionó la coherencia entre el discurso gubernamental y la actuación de los funcionarios de seguridad en las calles. «Es importantísimo que este documento sea investigado. Las personas y funcionarios que tuvieron el atrevimiento de atropellar a dirigentes sindicales, a jubilados, a personas de la tercera edad, sean investigadas y se les exhorte a que depongan esa actitud agresiva», demandó.
«Los trabajadores, jubilados y pensionados vamos a seguir en la calle luchando por salarios, contratos colectivos, por la derogación del instructivo Onapre y el memorándum 2792. Seguiremos haciendo todo lo necesario para que el Estado responda, quienes no tenemos la culpa de la crisis económica somos los trabajadores», añadió.
NotiPrimicia / Bitácora Económica
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