Clorox Spain S.L., filial española de The Clorox Co., pidió a la jueza Sparkle L. Sooknanan, de la Corte Federal del Distrito de Columbia, dictar sentencia inmediata para ejecutar un laudo arbitral de 109 millones de dólares contra la República Bolivariana de Venezuela.
La multinacional se opuso así a la moción de desestimación presentada por el país el pasado 5 de octubre, acusando a su nueva defensa de violar un compromiso vinculante firmado a finales del año pasado.
Puede leer: Inversores privados presentan plan para rescatar ocho plantas de tuberías y válvulas de PDVSA
El choque procesal gira en torno al Acuerdo de Liquidación Parcial Condicional suscrito en diciembre de 2025. Entonces, la representación de la República —ejercida por el bufete Vinson & Elkins bajo directrices de la Asamblea Nacional de 2015, reconocida por el Ejecutivo estadounidense del presidente Donald Trump. Pactó suspender el litigio y consentir una sentencia a favor de Clorox si la Corte de Apelaciones del Circuito de D.C. confirmaba en un caso paralelo la jurisdicción personal sobre el país bajo la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA).
Esa condición se cumplió en junio de 2026, pero en julio Venezuela cambió de abogado e incorporó a M. Andrés Sánchez-Ross, de la firma Parker Sánchez & Donnelly PLLC, quien solicitó desestimar el caso alegando que el laudo viola el orden público (public policy) estadounidense bajo la Convención de Nueva York porque la defensa durante el arbitraje extranjero no fue dirigida por el Gobierno reconocido por Washington.
Fallo
En su escrito de oposición, los abogados de Clorox invocaron el principio de continuidad del Estado al sostener que «Venezuela es Venezuela, sin importar quién esté al mando», reporta Law360.
La compañía subrayó que Venezuela compareció, contestó la demanda y pactó la sentencia estipulada mediante los únicos representantes autorizados por el Ejecutivo de EEUU para hablar en su nombre ante esa corte, por lo que sus nuevos abogados no pueden deshacer lo actuado ni existen causales bajo la Ley Federal de Arbitraje (FAA) o la Convención de Nueva York para negar el reconocimiento del fallo.
Reclamo
El reclamo deriva del cierre en septiembre de 2014 de Corporación Clorox de Venezuela S.A., operativa desde 1990 y transferida en su totalidad a Clorox Spain en 2011.
Según la demanda, desde noviembre de 2011 el Gobierno venezolano destruyó el valor de la inversión al congelar los precios de más de dos tercios de sus ventas, restringir el acceso a divisas para importar materias primas y negar de forma reiterada el reembolso de pagos excedentes de impuestos.
Desición
Tras cesar operaciones, Clorox inició en 2015 un arbitraje en Ginebra ante la Corte Permanente de Arbitraje, bajo el tratado bilateral de inversión España-Venezuela.
Aunque el tribunal declinó inicialmente su jurisdicción en 2019, el Tribunal Supremo Federal de Suiza revocó esa decisión en marzo de 2020 por haberse aplicado una definición indebidamente estrecha del concepto de inversión.
En agosto de 2023, los árbitros condenaron al país por expropiación indirecta progresiva a pagar 104 millones de dólares más intereses y 5 millones de dólares en costas, la máxima corte suiza rechazó anular el laudo en abril de 2024 y Clorox acudió al tribunal de Washington en julio de ese año.
Banca y Negocio / NotiPrimicia
Manténgase conectado e informado en cada una de nuestras plataformas:
Instagram: notiprimicia
WhatsApp: NotiPrimicia
Telegram: NotiPrimicia
YouTube: @NotiPrimicia
TikTok: @notiprimicia
