La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) instaron este miércoles 28 de octubre a Venezuela a derogar la denominada Ley contra el Odio, al advertir que una reforma parcial no resolvería las restricciones que, según los organismos, impone a la libertad de expresión.
En un comunicado, ambas instancias señalaron que la modificación de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, actualmente en proceso legislativo, no sería suficiente para corregir sus deficiencias estructurales.
«Una reforma parcial de la ley no bastaría para subsanar las deficiencias estructurales advertidas en múltiples ocasiones», advirtieron la CIDH y la RELE.
Alertan sobre autocensura y persecución de expresiones críticas
La Asamblea Nacional creó el 29 de septiembre una comisión especial para estudiar la reforma parcial de la legislación, a solicitud del Ejecutivo, con el objetivo de avanzar en la despenalización de los delitos contemplados en la norma.
El proyecto fue remitido a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que declaró su conformidad con la Constitución el 15 de octubre. Sin embargo, la CIDH y la RELE indicaron que la propuesta seguía pendiente de discusión parlamentaria y cuestionaron que no se hubiera publicado el texto íntegro de la reforma.
Los organismos también recogieron las objeciones de organizaciones venezolanas de la sociedad civil, que consideran insuficiente una modificación parcial y han cuestionado la falta de participación de los sectores afectados.
Según los reportes citados en el comunicado, entre 2017 y octubre de 2025 se registraron 85 casos de personas y medios de comunicación señalados por presuntos delitos de odio. Entre los afectados figuran 49 periodistas, trabajadores de medios y comunicadores, además de siete medios de comunicación. En 65 de esos casos se habría invocado la Ley contra el Odio.
La CIDH y la RELE recordaron que, desde la promulgación de la normativa en 2017, han expresado preocupación por el uso de conceptos «amplios y ambiguos», las obligaciones impuestas a los medios y las facultades otorgadas al Estado para ordenar la eliminación de contenidos.
Asimismo, sostuvieron que han documentado un uso «selectivo y desproporcionado» de la ley para sancionar expresiones críticas y asuntos de interés público. Según ambos organismos, estas preocupaciones aumentaron después de las elecciones de 2024, cuando denunciaron el uso de la normativa contra personas percibidas como opositoras.
Las instancias interamericanas advirtieron que las restricciones pueden generar efectos intimidatorios e inhibitorios, además de fomentar la autocensura entre periodistas, medios de comunicación y ciudadanos.
Por ello, reiteraron su llamado del pasado 26 de junio a derogar las disposiciones que permitan «censurar, sancionar o perseguir» la difusión de información o expresiones críticas.
Finalmente, exhortaron a la Asamblea Nacional a garantizar un proceso legislativo transparente y participativo, publicar el texto íntegro de la reforma antes de su discusión y habilitar espacios para que organizaciones civiles, periodistas, medios y otros sectores interesados presenten sus observaciones.
Agencias
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