El presidente Donald Trump reaccionó de inmediato a la decisión más relevante de su segundo mandato: el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló los aranceles recíprocos que había impuesto hace casi un año a gran parte de sus socios comerciales. La razón: los jueces consideraron que Trump excedió sus competencias al invocar la Ley de Facultades Económicas de Emergencia Internacional (IEEPA).
En respuesta, Trump anunció un nuevo arancel global del 10%, sustentado en otra normativa que, según su administración, le otorga plena autoridad para actuar sin requerir aprobación del Congreso.
La Sección 122 como herramienta clave
La principal vía legal que ahora respalda la acción del presidente es la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, un mecanismo casi olvidado que permite imponer aranceles temporales de hasta el 15% o establecer cuotas de importación cuando existen “problemas graves” en la balanza de pagos. Lo más relevante: estas medidas pueden aplicarse sin la consulta al Legislativo y tienen un límite temporal de 150 días, pasado el cual se requiere autorización del Congreso para extenderlas.
Trump optó por un arancel del 10%, dejando margen de maniobra y la posibilidad de aplicarlo selectivamente a países con grandes superávits comerciales frente a Estados Unidos, como China, la Unión Europea, México y Vietnam.
Arsenal legal adicional
El presidente no depende únicamente de esta Sección. Su administración identifica otras herramientas legales para mantener la presión arancelaria:
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Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962: permite imponer aranceles cuando las importaciones “pueden perjudicar la seguridad nacional”, sin límites temporales ni porcentuales, aunque requiere investigación previa del Departamento de Comercio.
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Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974: habilita represalias arancelarias contra países con prácticas comerciales “injustificables” o “discriminatorias”. Fue la base para la guerra comercial con China en 2018.
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Sección 201: protege industrias específicas afectadas por importaciones masivas, con un procedimiento más lento y sectorial.
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Sección 338 de la Ley Smoot-Hawley (1930): permite imponer aranceles si se demuestra discriminación comercial, con un límite del 50%, aunque casi nunca se ha aplicado.
Contexto económico y fiscal
Irónicamente, gran parte del impacto económico de los aranceles anteriores recayó en consumidores y empresas estadounidenses. Un estudio de la Reserva Federal de Nueva York indica que el 90% de ese efecto fue interno, reflejado en un crecimiento del PIB de apenas 0,4% en el cuarto trimestre y un descenso en la popularidad del presidente.
Los gravámenes anteriores generaron 202.000 millones de dólares en ingresos para las aduanas estadounidenses, más del doble que el año previo. La decisión del Supremo obliga a Trump a buscar nuevas bases legales para mantener tanto su agenda política proteccionista como estos ingresos fiscales.
Incertidumbre y estrategia
La reinterpretación de leyes antiguas genera incertidumbre entre mercados y aliados comerciales. Durante los 150 días de vigencia del arancel temporal bajo la Sección 122, la administración Trump planea iniciar nuevas investigaciones bajo la Sección 301, buscando justificar medidas más duraderas basadas en prácticas comerciales desleales.
La Unión Europea, México y otros socios observan con cautela cómo Trump aprovecha estas herramientas legales para consolidar su enfoque proteccionista, transformando un revés judicial en una nueva estrategia para el comercio internacional y la economía estadounidense.
Agencias/ El País/
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