La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) estableció que las obligaciones pactadas expresamente en moneda extranjera deben cumplirse en esa misma divisa, cuando el contrato indique que el pago debe realizarse «única y exclusivamente» en dólares.
El criterio quedó asentado en la sentencia número 501, emitida el 22 de octubre de 2026, en la que la Sala anuló dos decisiones de tribunales civiles del estado Miranda que habían dado por cancelada una deuda de 60.000 dólares, pese a que una parte fue pagada en bolívares.
El caso surgió de una demanda por honorarios profesionales presentada por el abogado Juan Andrés Marcano Cabrera contra Germán Alejandro Mendoza Armán y la empresa Constructora Premezclados y Agregados Virgen del Valle C.A.
Las partes habían suscrito un acuerdo, homologado por el Juzgado Segundo Civil de Miranda en mayo de 2025, que establecía que la deuda debía pagarse exclusivamente en dólares antes del 30 de septiembre de ese año.
Sin embargo, el deudor consignó 5.000 dólares en efectivo y posteriormente transfirió el equivalente a los 55.000 dólares restantes en bolívares, por un monto de 8.741.150 bolívares.
Los tribunales de primera y segunda instancia consideraron que la obligación había sido saldada. El acreedor apeló esas decisiones y llevó el caso ante el TSJ.
El pago en bolívares no extinguió la deuda
La Sala Civil fundamentó su decisión en el artículo 1.264 del Código Civil, que establece que las obligaciones deben cumplirse exactamente en los términos en que fueron contraídas. También examinó el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela, que permite pagar en bolívares obligaciones pactadas en moneda extranjera, salvo que exista una cláusula especial que establezca otra modalidad.
En este caso, los magistrados concluyeron que la expresión «única y exclusivamente» en dólares impedía al deudor sustituir unilateralmente la moneda de pago. Por tanto, la transferencia en bolívares no tuvo efecto liberatorio ni extinguió la obligación.
El TSJ anuló las decisiones de los tribunales de Miranda y ordenó a Mendoza Armán cancelar los 55.000 dólares pendientes en esa misma moneda, conforme al acuerdo homologado.
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