La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Daniel Emigdio Morón Cañizalez y Alberto de Jesús Sobalvarro Durán, dos privados de libertad en Venezuela que enfrentan graves problemas de salud y estarían en riesgo de sufrir daños irreparables en sus derechos a la vida, integridad personal y salud.
La decisión quedó establecida en la Resolución 88/2026, aprobada el 30 de octubre y anunciada el 4 de noviembre, luego de que el organismo recibiera denuncias sobre condiciones inadecuadas de reclusión y falta de atención médica especializada.
De acuerdo con la información presentada ante la Comisión, Morón Cañizalez presenta desnutrición severa, temblores en las manos, dolores musculoesqueléticos, pérdida parcial de la audición y alteraciones emocionales. También se reportó que habría intentado suicidarse.
Por su parte, Sobalvarro Durán tiene antecedentes de carcinoma renal de células claras, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo II, obesidad grado II, síndrome metabólico y esteatosis hepática, condiciones que requieren seguimiento médico especializado.
CIDH solicita atención médica y protección para ambos detenidos
La CIDH advirtió que, pese a las gestiones realizadas ante las autoridades venezolanas, los dos beneficiarios continuarían sin recibir atención médica adecuada. Además, señaló que el Estado no suministró información sobre las medidas adoptadas para atender o reducir los riesgos denunciados.
Ante este escenario, el organismo solicitó al Estado venezolano garantizar evaluaciones médicas inmediatas, tratamientos especializados, alimentación adecuada, acceso a agua potable y comunicación regular de los detenidos con sus familiares y abogados.
También pidió adoptar medidas específicas para atender las necesidades de salud de Sobalvarro Durán y reforzar la protección de Morón Cañizalez, quien estaría recluido en un centro de detención que ya había sido objeto de medidas de protección del sistema interamericano.
La Comisión solicitó igualmente información sobre las investigaciones relacionadas con los hechos denunciados y acciones para evitar que situaciones similares se repitan.
El organismo aclaró que la concesión de medidas cautelares no representa una decisión definitiva sobre posibles violaciones de derechos humanos. Se trata de un mecanismo de protección para prevenir daños irreparables mientras se mantengan las circunstancias de riesgo.
Con información de Noticiero Digital
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