Rafael Ramírez, expresidente de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) y exministro de Petróleo del chavismo, rechazó el acuerdo petrolero que estableció el gobierno interino de Delcy Rodríguez con los Estados Unidos. En este pacto, se establece el control estadounidense de 65.000 millones de barriles de las reservas petroleras del país.
El exfuncionario dijo en entrevista con El Nacional que la precipitada firma del reciente acuerdo petrolero responde a los intereses políticos del presidente estadounidense Donald Trump de cara a las elecciones del Senado que serán en noviembre, buscando mostrar un logro ante su base de apoyo.
«Desde el punto de vista de Trump, pareciera más efectivamente un mensaje electoral porque él tiene que confrontar unas elecciones en noviembre y en todo el mundo ha salido con las tablas en la cabeza, menos en Venezuela», afirmó Ramírez, destacando que el caso venezolano se ha convertido en el «único éxito para mostrar a su base de apoyo social».
En su lectura, la premura y el tono triunfal de la Casa Blanca responden a la necesidad de presentar resultados tangibles ante su electorado, en un contexto global adverso para su política exterior. «Tiene que confrontar unas elecciones en noviembre y en todo el mundo ha salido con las tablas en la cabeza», dijo.
Coincidió con varios analistas que tildan este hecho de histórico, pero siente que en esta oportunidad es inédito por lo lesivo que es para el país. «Es un acuerdo inconstitucional, de espaldas al país y lesivo. Están entregando 65.000 millones de barriles de las reservas nuestras a los Estados Unidos. Eso nunca había pasado en Venezuela y creo que en ninguna parte del mundo», dijo.
Cree que Venezuela, con este hecho, se anexa como parte integral del territorio y economía norteamericana, debido a que no hay nada más vinculado a la soberanía que el petróleo, según su opinión.
«Es un saqueo, nada de eso es conveniente ni aceptable», recalcó.
Beneficios económicos en duda y retención de fondos
El exfuncionario desestimó categóricamente las promesas oficiales que señalan un impacto económico positivo o inmediato para la población venezolana. Ramírez tildó de «mentira» la versión de que ingresarán recursos a corto plazo, argumentando que los campos de la Faja Petrolífera del Orinoco requieren complejos trabajos técnicos, tiempo e inversión para mostrar resultados, los cuales solo se verían a mediano plazo.
Asimismo, alertó que los ingresos por la venta de crudo bajo estos esquemas no están retornando al país. Según sus cifras, más de 15.000 millones de dólares resultantes de la comercialización de 222,7 millones de barriles hasta el mes de julio permanecen retenidos en una cuenta del Tesoro de los Estados Unidos. Comparó esta situación con el «Fondo de Reconstrucción de Irak» creado tras la invasión de 2003, un mecanismo mediante el cual la administración estadounidense mantuvo bajo su control los recursos energéticos iraquíes durante más de dos décadas.
Viola la Constitución
En el plano jurídico y político, Ramírez fustigó la falta de transparencia del pacto, asegurando que se ejecutó «de espaldas al país» y sin el debido debate público o parlamentario que exige la ley. Sostuvo que el convenio viola flagrantemente la Carta Magna, en específico:
Artículo 11: Sobre la soberanía del Estado en el manejo de la industria petrolera.
Artículo 12: Establece que los yacimientos de hidrocarburos son bienes inalienables e imprescriptibles de la República.
Artículo 13: Prohíbe la cesión, enajenación o arrendamiento del territorio nacional a potencias extranjeras.
Ramírez denunció que el pacto compromete 65.000 millones de barriles de reservas petroleras en condiciones que calificó de «despojo». Explicó que los 202.000 millones de dólares que se proyecta recibir a cambio representan un porcentaje de regalías de apenas 3,7% —una cifra inferior a la cobrada durante la dictadura de Juan Vicente Gómez— y un ingreso drásticamente menor al fiscalizado en gestiones anteriores, cuando el Estado obtuvo más de 500.000 millones de dólares en ingresos fiscales petroleros entre 2004 y 2013.
Sin viabilidad futura
Para Ramírez, la participación de entes extranjeros e incluso del Pentágono en el control y resguardo del territorio petrolero representa un «retroceso a un modelo neocolonial» previo a la Segunda Guerra Mundial y a la nacionalización de la industria.
A su juicio, se trata de un pacto acordado por un «gobierno sin legitimidad» que busca desesperadamente sostenerse en el poder a costa del patrimonio nacional.
El exministro advirtió que la medida carece de «pie de barro» y no podrá sostenerse en el futuro porque la ciudadanía no lo aceptará.
Hizo un llamado a la sociedad venezolana a informarse, romper el silencio y exigir explicaciones sobre las condiciones del acuerdo, asegurando que cualquier gobierno con un mínimo sentido nacional se verá obligado a revertir estas concesiones inconstitucionales para recuperar la soberanía económica del país.
«Sin petróleo no podremos reconstruir el país y salir de esta locura. Sin petróleo no podremos. ¿Con qué lo vamos a hacer? Somos un país despojado», culminó.
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